Posición de la Colectiva Mujer y Salud ante la aprobación del proyecto de reforma del Código Penal por la Cámara de Diputados

La decisión de la Cámara de Diputados de retirar del proyecto de reforma del Código Penal las tímidas modificaciones que en materia de aborto se habían introducido la semana pasada, constituye un hecho bochornoso que atenta contra los criterios más elementales de racionalidad y de humanidad.

Obligar a una mujer o a una niña a llevar a término el embarazo resultante de un acto de violación sexual nos parece una muestra de insensibilidad social y de innecesaria crueldad. Dado que el objetivo de la reforma era modernizar y actualizar el Código Penal, resulta incomprensible que se haya dejado intacto el artículo vigente, que data de mediados del siglo XIX y que mantiene a la República Dominicana fuera del consenso general de las leyes de aborto establecido hace ya décadas en el resto de Latinoamérica. Las otras causales de despenalización parcial comunes a casi todos los países del mundo –cuando el embarazo es resultado de incesto o cuando amenaza la salud o la vida de la mujer- ni siquiera fueron tomadas en cuenta por los legisladores.

Contrario a lo que ha querido dar a entender la Iglesia católica en sus declaraciones, en ningún momento se introdujo al Congreso la despenalización total del aborto. La retórica inflamatoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que calificó la modificación propuesta como “un suicidio de la colectividad social y la más violenta expresión de criminalidad”, se refería a la despenalización en caso de violación, que fue la que momentáneamente se incluyó en el proyecto de reforma. Es bueno destacar que la posición oficial de la Iglesia en relación al aborto terapéutico –el que se practica para preservar la salud o la vida de mujer- es que es mejor dejar morir tanto a la embarazada como al feto antes que practicar un aborto: “mejor dos muertes que un asesinato”. Nos preguntamos cuántos de los legisladores que votaron anoche contra la despenalización propuesta están verdaderamente dispuestos a dejar morir a sus esposas/hijas/hermanas en esa circunstancias, o a obligarlas a llevar a término un embarazo producto de violación sexual o incesto.
Entendemos que con la decisión tomada anoche, los legisladores han evidenciado no tener la suficiente independencia de criterios para resistir a las presiones de la Iglesia católica, cuya posición en esta materia consideramos injustificada en términos éticos y peligrosa en términos jurídicos, en tanto le impone a toda la ciudadanía el cumplimiento de preceptos religiosos que sólo competen a las personas creyentes que decidan asumirlas voluntariamente. En lugar de legislar en favor del bien común, la Cámara de Diputados optó por inclinarse ante los deseos de cúpulas religiosas, que en este caso ni siquiera representan la posición de la totalidad de sus feligreses, y que ciertamente no representan la del conjunto de la sociedad. Su accionar en este sentido puede por tanto considerase como una violación a la libertad de creencias y culto establecida por la Constitución dominicana, ya que hace obligatorio a toda la ciudadanía el cumplimiento de un precepto religioso.

La Colectiva Mujer y Salud entiende que la decisión adoptada anoche por la Cámara de Diputados constituye un retroceso preocupante en materia de legislación social y pone en evidencia las limitaciones institucionales que aquejan a la democracia dominicana. Queremos, por último, saludar la actitud responsable y valiente del reducido número de diputados –y, sobre todo, de diputadas- que votaron a favor de la modificación propuesta y que a lo largo de los últimos años han hecho grandes esfuerzos por preservar las conquistas logradas con la Ley 24-97 contra la violencia intrafamiliar.

Santo Domingo, 25 de julio del 2006